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Industria eliminará el bono social de la tarifa que tienen tres millones de clientes

El anteproyecto de ley para adaptar la directiva europea sobre normas comunes del mercado de la electricidad incluye la desaparición del actual bono social de la tarifa eléctrica, aunque se mantendrá un subsidio que el texto no concreta y que se amplía a los consumidores de gas natural. Estos no disfrutan en la actualidad del equivalente al bono eléctrico.

La nueva propuesta legal, que debe superar el correspondiente trámite parlamentario, introduce el concepto de "consumidor vulnerable" de la electricidad. Esta figura se amplía al gas, en este caso, a través de otro anteproyecto de ley por el que se modificará la Ley de Hidrocarburos para transponer otra directiva europea similar para el mercado gasístico.

Los clientes vulnerables "serán aquellos que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen" y serán protegidos por la ley. Estas condiciones se determinarán en un reglamento posterior a la aprobación de la ley, por lo que, de forma transitoria, se considerarán vulnerables los que en la actualidad tienen derecho al bono social, cuya duración estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2012.

El anteproyecto de ley, que ya ha recibido luz verde del Consejo de Ministros, recoge los objetivos de la directiva europea para "reforzar las obligaciones de servicio público" del suministro eléctrico. Los Estados miembros deben definir, según el documento, el concepto de cliente vulnerable y "establecer medidas para garantizar su suministro". En este sentido, se alude a la "pobreza energética".

Por tanto, es muy probable que buena parte de los casi tres millones de clientes (o puntos de suministros) que cuentan en estos momentos con el bono social se queden fuera de la futura tarifa social ya que esta deberá estar ligada a la renta familiar. Algo que no sucede ahora con el bono eléctrico español, que fue una de las primeras medidas que adoptó el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y que es un derecho no ligado precisamente a los ingresos del cliente.

En unos años de fuertes subidas de tarifa, los consumidores eléctricos están financiando una parte de la factura de los 2,96 millones que tienen bono social. Y es que aunque el coste del mismo lo asumen las eléctricas, estas lo acaban repercutiendo en los recibos.

Los clientes que disfrutan del bono social, que entró en vigor el 1 de julio de 2009, tienen garantizada la congelación de la tarifa (tanto el coste de la energía como los peajes), que ha subido desde entonces más de un 20%. Sin embargo, no necesariamente son consumidores con rentas bajas.

Así, tienen derecho al mismo, en su primera vivienda, todas las familias numerosas (aunque sus rentas sean elevadas); los puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 3,3 kW (por ejemplo, la portería de un edificio de lujo); ciudadanos con pensiones mínimas (que pueden disponer de otras rentas) y familias con todos los miembros en paro (aunque todos ellos cobren prestación por desempleo). El bono debe solicitarse, salvo el segundo caso, que se aplica automáticamente.

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