El IVA, el principal impuesto al consumo, sufre un importante agujero no solo con los pagos sin factura sino con otro tipo de prácticas fundamentalmente en los pequeños negocios y a las que una nueva ley, ahora en trámite, pretende poner coto.

Una medida que, según los técnicos, se queda corta y se debería haber llevado a cabo antes de la subida del gravamen, que entra en vigor este 1 de septiembre con el objetivo de reducir el déficit público en plena crisis financiera y económica.

El impuesto sobre el valor añadido es un gravamen sobre casi todo tipo de bienes y servicios que se va trasladando (repercutiendo) a lo largo de la cadena de producción-distribución y que solo paga el consumidor final.

Esto quiere decir, de forma simplificada, que los distintos empresarios que intervienen en esa cadena simplemente anotan en su contabilidad el iva que pagan y el que cobran, que normalmente se compensan en su mayoría; y solo acaba ingresando a Hacienda el impuesto el último vendedor.

Así es muy fácil entender dos tipos de fraudes. Primero, cuando se venden productos fuera de los canales regulares; y segundo, cuando alguien que presta un servicio no emite factura; en ambos casos el empresario o profesional no ingresa nada al fisco.

Con la subida del IVA, aumentará precisamente la tentación de que algunos consumidores pidan eso y también puede que aumente la prestación de servicios piratas y de personas que se buscan la vida, como las peluquerías a domicilio (un negocio que ha sufrido una gran subida del IVA: del 8% al 21

En este sentido, la reforma legal que el Gobierno acaba de mandar a las Cortes [ver estado de la trámitación parlamentaria], introduce dos tímidos cambios: prohíbe los pagos en efectivo de más de 2.500 euros y anima a la delación al eximir de responsabilidad a quien denuncie haber incumplido esa limitación.
 
Facturas falsas

Pero gran parte del fraude del IVA, que el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha estima en unos 17.000 millones al año, viene por otros cauces, lo que podría llamarse ingeniera fiscal. Y principalmente en relación con los módulos, un sistema ideado para facilitar el trabajo tanto de los pequeños empresarios y autónomos como de la Agencia Tributaria.

Ante la imposibilidad de revisar todas las facturas de los pequeños negocios, estos pagan una cantidad de impuestos fijada previamente en función de sus características. Y casi nada impide que declare por un módulo más bajo de lo que realmente factura, siempre a expensas de una inspección.

Técnicamente, todo lo anterior es un fraude del IRPF, porque en vez de pagar IVA los módulos se pagan en lo que se denomina estimación directa en el impuesto de la renta. Pero el fraude va más allá y afecta directamente a ese otro impuesto: si un profesional o vendedor acogido a módulos pero que no llega a su límite puede vender facturas ficticias a otra empresa de forma que este hace negocio y la otra también al deducirse después el pago del IVA de los servicios ficticios.

Por ejemplo, una pequeña empresa de reformas puede facturar hasta 450.000 euros anuales por este sistema, pero ve que al acercarse el final del año solo ha facturado 300.000; pues aún puede emitir facturas por hasta 150.000 euros por servicios ficticios; y otra empresa defraudadora puede pagarle una cantidad de 1.500 euros por esos documentos (un 10% de lo que consta en la factura) y luego pedir a Hacienda la devolución del 21% del IVA, que ascendería a 3.150 euros.

El Gobierno también ha planteado la revisión de este sistema creado hace dos décadas y la supresión de él varias del centenar de actividades que se pueden acoger a él. Con todo, el Gestha considera que se debería restringir más y que solo fuera válido para empresarios que destinen sus bienes o servicios exclusivamente al consumidor final, y no a ningún otro empresario.

En general, este sindicato cree que el proyecto de ley de lucha contra el fraude "se queda corto" y no conseguirá terminar con la frase con IVA o sin IVA como anunció el ministro Cristóbal Montoro. Y también recuerda que, según sus datos, lo que las pymes y autónomos evaden representa aproximadamente un 26% del total; mientras que las grandes empresas y fortunas son responsables del 72% del fraude en España, que asciende ya a casi 90.000 millones al año.
 

Mentalidad y medios

Según reconocen los propios resposables de la Agencia Tributaria, la lucha contra el fraude empieza por la percepción que tienen los ciudadanos del rigor de Hacienda. En ese sentido son importantes las diversas iniciativas que ha planteado el Gobierno, en particular con el foco que ha puesto sobre deportistas o artistas.

Y al contrario, los técnicos temen que los contribuyentes dejen de pagar lo que les corresponde desanimados por la amnistía fiscal o regularización extraordinaria, por la cual el Gobierno perdonará a quienes declaren dinero negro pagando solo un 10%.

Pero más allá, el Gestha lamenta la “escasez” de efectivos de la Agencia Tributaria española con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, según un informe de la OCDE [ver texto en pdf; página 177]. Esa cifra representa un 20% menos de personal que la media de los países más desarrollados, los que forman parte de la organización; aunque según el sindicato la diferencia es de hasta un 50% si se eliminan de la comparación países con modelos de administración tributaria no comparables.